La Policía Nacional (PN) y el Ministerio de Defensa (MIDE) -que agrupa a las Fuerzas Armadas- sobresalen como las instituciones que más se rehúsan a cumplir las sentencias del Tribunal Constitucional (TC).
En una lista compartida por el TC con 93 sentencias desacatadas por personas, empresas e instituciones públicas, el MIDE aparece ocho veces y la Policía 24, a pesar de esta última ser la encargada de ejercer la "fuerza pública" para forzar a la ejecución de las decisiones judiciales.
Decenas de militares, policías (activos y pensionados) y civiles que han sido favorecidos con decisiones del TC, en al menos 32 casos han tenido que volver ante dicho tribunal para reclamar su ejecución.
Está el caso de Alexander Rubio Urbáez, a quien la PN le incautó su motocicleta en Barahona en el 2016 y llegó hasta el TC exigiendo su devolución.
La alta corte falló a su favor y dispuso que se le pague una astreinte de 5,000 pesos por cada día de inobservancia de la sentencia, a favor de Hogar Crea Dominicana. Esta organización presentó en el 2024 una solicitud de cumplimiento de sentencia para reclamar el dinero.
La lucha por una pensión
En 2017, Ana Espinosa Tejar logró que el TC reconociera su derecho a recibir la pensión de conviviente superviviente que el Ejército le había retirado en el 2000. También debía recibir los montos adeudados tras 17 años sin el beneficio.
Tras la presión pública, comenzó a recibir una pensión que rondaba los 2,000 pesos.
Además, Espinosa recibió los sueldos atrasados de 183 meses, aunque la suma no llegó a los 500,000 pesos, muy por debajo de los 2.3 millones que reclamaba, calculados con el salario actual de un segundo teniente.
En otro caso, la PN recurrió en 2017 una sentencia del Tribunal Superior Administrativo que le ordenaba pagar una pensión a las dos hijas menores del sargento Miguel Ángel Morel Cuevas, quien murió en 2011.
El Tribunal Constitucional rechazó el recurso y confirmó que el Comité de Retiro debía entregar a la viuda, Andrea D´Oleo Vicente, el monto adeudado desde su muerte.
Tres generales y un coronel retirados también consiguieron en el 2022 que el TC condenara a la PN a pagarles un astreinte que ascendía a 5.2 millones de pesos por desacatar la sentencia que la obligó a adecuar el monto de sus pensiones.
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