La Declaratoria de inconstitucionalidad de la Ley 10 15.

 Por Roberto Quiroz 

La Declaratoria de Inconstitucionalidad de la Ley 10-15: Un Debate Sobre el Procedimiento Legislativo y la Supremacía Constitucional La reciente Sentencia TC/0765/24 del Tribunal Constitucional de la República Dominicana ha declarado la inconstitucionalidad de la Ley núm. 10-15, que modificó aspectos cruciales del Código Procesal Penal. Esta decisión no solo impacta el ámbito del derecho procesal penal, sino que también reaviva el debate sobre el respeto a los procedimientos legislativos y la supremacía de la Constitución en nuestro ordenamiento jurídico. El fundamento de la decisión 

El Tribunal Constitucional identificó un vicio de procedimiento en la aprobación de la Ley núm. 10-15, señalando que no se cumplió con lo establecido en los artículos 102 y 103 de la Constitución. Estas disposiciones exigen que las observaciones del Poder Ejecutivo a un proyecto de ley sean reconsideradas por ambas cámaras legislativas dentro de un plazo máximo de dos legislaturas ordinarias. En este caso, el Senado de la República aprobó unilateralmente la ley, omitiendo el necesario proceso de deliberación conjunta y contraviniendo los principios democráticos y bicamerales que rigen nuestro sistema político.

El Tribunal señaló que esta omisión no solo afecta la legitimidad de la ley, sino que también vulnera la separación de poderes y el principio de supremacía constitucional. Este último, definido en la Sentencia TC/0316/22, sitúa a la Constitución como la norma suprema del Estado, lo que implica que todo acto legislativo debe respetar los procedimientos y principios constitucionales.

Efectos diferidos: Un enfoque cauteloso Una de las particularidades de la Sentencia TC/0765/24 es que sus efectos han sido diferidos en el tiempo. Este diferimiento, según el Tribunal, responde a la necesidad de evitar un vacío normativo que pudiera perjudicar la administración de justicia penal y la protección de los derechos fundamentales. Este enfoque, respaldado por precedentes como la Sentencia TC/0447/21, busca garantizar una transición ordenada hacia un marco legal ajustado a la Constitución, minimizando el impacto negativo en la sociedad. Reflexión sobre la Ley 10-15 Es importante destacar que la declaratoria de inconstitucionalidad no se centró en el contenido de la Ley 10-15, sino en su proceso de aprobación. Para quienes hemos trabajado durante años en el ámbito del derecho procesal penal, esta decisión deja un vacío crítico en cuanto a un análisis sustantivo de la ley. Aunque su contenido pudo haber generado opiniones divididas, la discusión sobre la calidad técnica y el impacto de sus reformas queda pendiente.

No obstante, esta sentencia envía un mensaje claro: los procedimientos legislativos no son meros formalismos, sino garantías de legitimidad, equilibrio institucional y respeto a la supremacía constitucional. En una democracia, el fondo y la forma son igualmente esenciales para salvaguardar el Estado de derecho. Conclusión La Sentencia TC/0765/24 no solo anula la Ley núm. 10-15, sino que también resalta la necesidad de fortalecer los procesos legislativos en el país. Es un recordatorio de que cualquier modificación al marco jurídico, especialmente en áreas tan sensibles como el derecho penal, debe someterse a los más altos estándares de legalidad y constitucionalidad.

Ahora, el Congreso tiene la oportunidad de corregir los errores identificados, asegurando que las futuras reformas se alineen plenamente con los principios constitucionales. Mientras tanto, los operadores jurídicos y la sociedad en general debemos reflexionar sobre la importancia de preservar la integridad de nuestro sistema normativo, reconociendo que el respeto a los procedimientos fortalece la confianza en las instituciones y la justicia en el país. 

Roberto Quiroz

es licenciado en ciencias jurídicas de la Universidad Tecnológica de Santiago UTESA, posee maestría en derecho administrativo y laboral de la misma universidad, posee una formación especializada en derecho penal y procesal penal por la Escuela Nacional de la Judicatura, ha realizado cursos de derecho procesal constitucional, y diplomados en teoría del delito, fundamentación de los recursos, litigación penal avanzada y justicia digital. Autor del libro Litigación Penal principio y fin primera y segunda edición, La víctima en el proceso penal: derechos y prerrogativas y su más reciente obra didáctica Litigación Penal Avanzada. Tiene más de dos décadas prestando servicio al Estado, se inició en la Suprema Corte de Justicia como servidor público, luego pasó a la Defensa Pública donde participó en más de tres mil procesos como defensor público, acumulando más de 30 mil horas como litigante, convirtiéndolo en un experto en litigación penal estratégica al manejar casos de alto perfil.