Una reforma legal permite que menores como ellos vayan a cárceles de adultos en El Salvador. Más de 3.000 menores han sido procesados desde que empezó el régimen de excepción hace tres años
Irma Landaverde no se atrevió a plastificar los zapatos, doblar hacia dentro la ropa y guardar los perfumes y las sábanas de su hijo en la gaveta hasta octubre de 2024, ocho meses después de verlo por última vez. “No pensé que esto fuera a durar tanto”, dice. Esto que le desgarra nombrar es la detención de Gerson, de 14 años, por supuestas vinculaciones a la Mara Salvatrucha o MS-13 de El Salvador. Él es uno de los 10 menores detenidos que fueron víctimas de la guerra contra las pandillas a toda costa de Nayib Bukele, quien busca hacer de este un caso emblemático. Desde el día de San Valentín del año pasado, la habitación de Gerson se ha convertido en la sala de plegarias de su madre, que vive pidiéndole a dios que el olor a su hijo no se desprenda de sus camisetas, al menos hasta que salga del centro de menores. Al menos, hasta que se den cuenta de que es inocente.
La principal prueba del caso es un video de diez segundos grabado por Roberto, uno de los detenidos, que entonces tenía 15 años. En él, aparecen cuatro adolescentes en el patio de la escuela Héroes del 11 de enero, en Chalatenango, al norte del país, minutos después de que terminase la clase de educación física. Uno de ellos hace señas a la cámara -que la fiscalía tilda de gestos típicos de la MS13- y se ríe tímido. Otro, se tapa la cara, y los demás ni siquiera perciben que están siendo filmados. Según el testimonio de sus abogados, Roberto manda sin querer este video a un grupo de WhatsApp sin sonido y lo borra minutos más tarde. Pero alguien logró descargarlo, añadirle música que se asocia con las pandillas y subirlo a redes sociales. Horas después, era viral y abundaban los comentarios que pedían mano dura, penas altísimas e incluso la muerte. Los menores acusados tenían entre 12 y 17 años.
Ni Gerson, ni Roberto aparecían en el video, pero llevan más de un año encerrados en un centro de menores. Su caso, conocido como el de los niños de Chalatenango, se ha convertido en un símbolo de las sombras del estado de excepción que Bukele decretó en marzo de 2022, hace justamente tres años, en respuesta a una masacre de pandillas y por el que ha encarcelado a 84.000 personas y ha recibido un sinfín de críticas de los defensores de derechos humanos que han documentado detenciones arbitrarias, abuso policial y cerca de 300 muertes violentas en prisiones.
Tras más de dos semanas detenidos y una primera audiencia realizada el 7 de marzo, el Juzgado Segundo contra Crimen Organizado de San Salvador ordenó libertad a siete de estos adolescentes por falta de pruebas. Todos menos Gerson, Roberto y Guillermo; ellos siguieron el proceso de instrucción. La Fiscalía apeló y a finales de año se ordenó que los 10 fueran presentados en la audiencia final usando sólo pruebas documentales y testigos del ministerio público. Según exponen los abogados defensores, las suyas no fueron aceptadas a trámite. Aún así, lograron absolver a estos siete jóvenes de nuevo, y una condena de entre tres a cinco años de prisión y cinco de libertad condicional para los demás. “A la fecha, seguimos esperando el acta de sentencia para apelar en favor de ellos”, explica Jayme Magaña, abogada defensora, quien ya presentó el caso a la relatoría de detenciones arbitrarias y de niñez de la ONU.
Un caso ejemplarizante
La viralización de la grabación de los adolescentes de Chalatenango le dio legitimidad a un Gobierno obcecado en que la violencia del país sólo se subsana con mano dura. En las redes sociales, muchos comentarios condenaban a los jóvenes. Alguno pedía que los mandaran “al hotel que les hizo el tío Nayib Bukele”. Para principios de 2024, su Gobierno estaba enfrascado en una de las mayores crisis de los bitcoins que lo estaban dejando “muy mal parado”, según Ingrid Escobar, directora de Socorro Jurídico Humanitario (SJH). “Esta fue su cortina de humo”, . “Con esto mandan un mensaje de miedo a la gente y vuelven a poner en la agenda su política carcelaria. Así desvían el foco”.
El propio ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, fue especialmente vocal con este caso e incluso pidió 20 años de cárcel para los jóvenes antes de la audiencia preparatoria, sabiendo que la ley contempla un máximo de 10 para los menores acusados de asociación ilícita en pandillas. “No vamos a permitir que este cáncer vuelva a permear en nuestras comunidades y nuestros jóvenes para amenazar la paz y seguridad que le hemos devuelto a nuestra gente”, agregó en redes.
La foto de la detención de los niños de Chalatenango también ilustra las últimas reformas a la ley penal de la Asamblea Legislativa. Para Otto Flores y Jayme Magaña, abogados defensores, ellos son los “falsos positivos” de Bukele. Este término alude a los civiles colombianos que fueron presentados como bajas en combate durante el Gobierno de Álvaro Uribe, acusados de guerrilleros. “Bukele quiere llegar a los 120.000 detenidos, que es lo que él supone que hay entre mareros, pandilleros, familiares y colaboradores”, explica Magaña. “El Gobierno dio la orden de tener seis capturas diarias por delegación policial y desde el principio comenzaron en zonas de extrema pobreza, donde eran víctimas de las maras y ahora lo son del Gobierno. Está encerrando a población empobrecida”, insiste. “El régimen ha conseguido que ya no se requiera material probatorio”, zanja Flores.
El video fue la “prueba más sólida” en los tribunales. Tras requisar los celulares, no hallaron números de teléfonos de pandillas, ni fotos, ni chats incriminatorios. En el caso de Roberto, se extrajo como prueba una camiseta roja de la firma italiana MSGM. Las dos primeras letras bastaron para vincularlo a la MS13. En otros casos fue suficiente con tener el número 13 en sus cuentas de Instagram o encontrar conversaciones en las que se llamaban “perro” o “maje” a otros amigos. “¿Acaso es eso gran cosa? Dígame usted”, pregunta la abuela de Roberto, Maria Adela Alfaro, de 83 años. “A lo mejor estoy equivocada pero, ¿cómo me lo tienen preso un año por eso?”. El Ministerio de Seguridad no respondió a las preguntas de este medio.
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