Como sabemos, la democracia representativa es el tipo en que el poder político procede del seno del pueblo, pero no es ejercido por él sino por sus representantes elegidos por medio del voto. Este tipo de democracia es reconocida en Argentina, Chile, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, Perú, Surinam y Uruguay y de estos países, solo tres existen democracias plenas, que son Costa Rica, Chile y Uruguay. En los demás países latinoamericanos, la existencia de un estado de derechos es cuestionable. Las luchas por la independencia de las excolonias españolas dieron origen a sistemas democráticos en algunos países. Hubo una transición también de regímenes autoritarios a regímenes democráticos.
La cultura Latinoamericana es una simbiosis de cultura europea, africana de los esclavos y la de las naciones originarias americanas. De ahí el origen de las diferencias económicas, sociales y culturales que dieron origen a luchas sociales por la igualdad de derechos y que han dado origen a esos tipos de democracia, que se hacen interminables porque hasta el día de hoy se han profundizado más las asimetrías que dieron origen a dichos sistemas. Mientras la democracia no esté en capacidad de garantizar la libertad, el respeto de los derechos políticos, civiles y sociales de la ciudadanía, no se puede llamar democracia.
La puesta en marcha de un sistema democrático requiere de voluntad y esfuerzos para lograr establecer políticas públicas que vayan en beneficio de todos los ciudadanos en general. Por ejemplo la administración de los bienes y servicios públicos de una nación democrática no deben pasar a manos privada porque el mismo cambia de naturaleza, en vez de producir un producto o servicio sin fines de lucro y al costo a la sociedad, en cambio sí es administrado por el sector privado, el bien debe producir ganancias, que sube el costo de los bienes y servicios y las ganancias van a los bolsillos de los accionistas privados, en vez de ir en beneficio del pueblo; eso significa que el precio de los bienes aumenta en perjuicio de la mayoría y los beneficios quedan en manos de unos pocos.
Hay que tener mucho cuidado, por parte de los órganos que administran los bienes públicos o del estado, al delegar al sector privado la administración de los bienes de la nación y ponerlos al servicio de sus intereses. Parece que la figura del fideicomiso es la que va a utilizar este gobierno para privatizar los bienes públicos, lo que estarían creando un mal precedente y poniendo en tela de juicio el rol de los partidos políticos en mantener la democracia que tanto dolor y sangre le ha costado al pueblo construir.
Se sabe que en la democracia representativa, el pueblo delega el poder de administrar la República, a través del voto universal para elegir sus autoridades, para que desempeñen el poder delegado, con la finalidad de que los activos de la nación sean administrados de manera eficiente, económica y eficaz; no delegados en otros órganos no elegidos por el voto, como se sabe que el estado no persigue fines de lucro en las actividades que realiza y que sólo busca preservar, mantener y producir los bienes y servicios públicos a su costo de producción, esos beneficios van de manera equitativa a todos ciudadanos, que eso es lo que se espera en una democracia.
Todos sabemos que un bien público, cambia cuando su uso y usufructo pasa a ser administrado por el sector privado, donde este lo que persigue es obtener ganancias y esas ganancias van a los bolsillos de los socios privados y el pueblo se queda sin nada. El pueblo pierde su derecho legítimo de ser parte de los beneficios del estado.
Los fideicomisos son parte de una estratagema para pasar los bienes públicos al sector privado, alegando que los políticos llamados a administrar esos bienes están incapacitados para hacerlo, cuya finalidad es desacreditar a la dirigencia política y que esos bienes pasen al sector privado, pero sin invertir un solo centavo y cuyo objetivo final es apropiarse de las utilidades que producen esos bienes de propiedad pública. Eso aumenta las desigualdades sociales y vulnerabilidades a los pobres, que son la mayoría.
Creo que el gobierno del cambio no debe permitir que la clase política sea sorprendida en su buena y en el fondo lo qué hay es una conspiración de clase política para inhabilitarla y que no pueda administrar los bienes públicos que por delegación del pueblo han recibido. Si no, tirémosle un vistazo a lo qué pasó con Dominicana de Aviación, las empresas de Corde, el SEA, Inazucar, las EDES, los ingenios del estado dominicano, las fábricas de pinturas, Induspapel, la tabacalera, la industria del vidrio, desaparecieron todas las instalaciones de los rieles, entre otras muchas propiedades públicas.
of-am
Fuente: Al Momento
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