Los ciudadanos estadounidenses cuyos cónyuges han sido deportados se enfrentan a decisiones difíciles sobre lo que es mejor para su futuro, especialmente cuando tienen hijos.
Mientras Héctor Reyes estacionaba su camión en la ciudad fronteriza mexicana de Ciudad Juárez, su teléfono se iluminaba con fotos y videos de su hijo Daniel recibiendo su diploma de escuela secundaria.
La ceremonia se celebraba en El Paso, a solo un kilómetro y medio de distancia. Sin embargo, Reyes había sido deportado en 2017, y se le había prohibido entrar en Estados Unidos durante 20 años, por haber cruzado ilegalmente la frontera en dos ocasiones.
Su esposa y sus dos hijos, todos ellos ciudadanos estadounidenses, han hecho su vida en El Paso, mientras que Reyes vive a ocho manzanas de la frontera. Recuerda haber mirado al cielo la noche de la graduación, en mayo, esperando ver los fuegos artificiales que marcarían la salida de su hijo de la secundaria.
La ceremonia se celebraba en El Paso, a solo un kilómetro y medio de distancia. Sin embargo, Reyes había sido deportado en 2017, y se le había prohibido entrar en Estados Unidos durante 20 años, por haber cruzado ilegalmente la frontera en dos ocasiones.
Su esposa y sus dos hijos, todos ellos ciudadanos estadounidenses, han hecho su vida en El Paso, mientras que Reyes vive a ocho manzanas de la frontera. Recuerda haber mirado al cielo la noche de la graduación, en mayo, esperando ver los fuegos artificiales que marcarían la salida de su hijo de la secundaria.
Algunas de las razones más comunes que se dan para las deportaciones y prohibiciones de entrada incluyen entrar en Estados Unidos sin autorización, regresar tras una deportación, quedarse más tiempo del permitido en el visado, trabajar sin permiso o cometer un delito, explicó Jorge Loweree, director ejecutivo de programas del Consejo Americano de Inmigración, un grupo de defensa de los inmigrantes.
En entrevistas, las parejas describieron los esfuerzos, en ocasiones extraordinarios, que habían realizado para continuar sus relaciones, y las desgarradoras decisiones a las que se habían enfrentado sobre si seguir al cónyuge deportado al extranjero o permanecer en Estados Unidos en busca de trabajos mejor remunerados, oportunidades educativas y una mayor seguridad.
“Deberíamos hablar de unidad familiar, no de unidad familiar para algunos”, dijo Tran Dang, fundador y director del Centro Rizoma del Migrante, una clínica jurídica que ofrece sus servicios a personas deportadas y a sus familias.
Una amplia gama de partes interesadas, desde líderes empresariales hasta defensores de los inmigrantes, llevan décadas pidiendo un ajuste de las leyes de inmigración, desde mucho antes de las oleadas fronterizas de los últimos años. Pero el Congreso, cada vez más polarizado, no ha logrado alcanzar un consenso, dejando al país con un sistema anticuado y disfuncional.
El número de inmigrantes que cruzan ilegalmente la frontera ha descendido en los últimos meses, tras un cambio en la política de asilo introducido por el gobierno de Biden en junio. No obstante, la frontera sigue siendo un tema central de campaña para los republicanos.
“Hasta que no resolvamos la crisis en nuestra frontera sur, no podremos hacer nada más”, dijo John Thomas, estratega republicano y socio director de Nestpoint Associates. “Podemos limpiar el resto del sistema después”.
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